El drama oculto de la okupación: ¿quién protege a la clase media?

14 May El drama oculto de la okupación: ¿quién protege a la clase media?

En España, la okupación ilegal de viviendas se ha convertido en un fenómeno que golpea con especial crudeza a los pequeños propietarios y a la clase media. Mientras algunos sectores presentan la okupación como una forma de hacer justicia social frente al problema del acceso a la vivienda, la realidad para quienes la sufren es muy diferente: el mundo al revés. Son ellos, los ciudadanos comunes, quienes terminan pagando el precio de la okupación.

Los datos son claros. Según el Ministerio del Interior, en 2024 se registraron más de 16.400 denuncias por okupación ilegal, un repunte respecto al año anterior. Pero detrás de estas cifras frías se esconden historias humanas de pequeños propietarios indefensos y abandonados, atrapados entre un marco legal lento y okupas que aprovechan las grietas del sistema. Casos como el de una jubilada en A Coruña que lleva cinco años intentando recuperar su vivienda o el de un jubilado británico en Mijas que no puede desalojar a una pareja morosa desde hace años son solo la punta del iceberg.

Es cierto que España tiene un grave problema de acceso a la vivienda. Nadie lo niega. Pero la solución no puede recaer sobre las espaldas de propietarios particulares. Resolver el déficit habitacional es tarea de las administraciones públicas, no de los ciudadanos que, con esfuerzo, compraron una segunda vivienda o invirtieron en un piso como ahorro para el futuro. La okupación viviendas, lejos de ser un remedio, genera más problemas: deterioro de comunidades, enganches ilegales a suministros, deudas en cuotas de comunidad y una profunda sensación de inseguridad en los barrios.

Además, la narrativa oficial de que «los grandes tenedores» son los principales afectados es engañosa. Mientras algunos políticos poseen inmuebles valorados en millones de euros pero no son considerados grandes tenedores, pequeños ahorradores con propiedades modestas sí lo son, y cargan con toda la presión legal y económica. Aquí radica otra injusticia: ¿quién protege a la clase media? Los que nada tienen, nada pierden; los que mucho tienen, cuentan con abogados, avales y vigilancia privada; pero los ciudadanos comunes quedan desamparados.

Como administrador de fincas, observo cada día cómo la okupación ilegal convierte a comunidades enteras en víctimas colaterales. Los vecinos, que no aparecen en las estadísticas, soportan ruidos, amenazas, desperfectos y pérdida de valor en sus propiedades. Para ellos, la okupación no es justicia social: es un castigo injusto. ¿Quién paga el precio de la okupación? Los vecinos honrados, las familias trabajadoras, los pequeños inversores.

Las recientes reformas legales, como la llamada reforma antiokupas, intentan acortar plazos y agilizar desalojos. La posibilidad de desalojos cautelares en 48 horas o los juicios rápidos en 15 días son pasos en la dirección correcta, pero no bastan si no se implementan con recursos efectivos. Además, se necesita que las comunidades de propietarios tengan voz activa para frenar los daños colectivos. Las leyes deben proteger no solo al propietario directo, sino también al entorno vecinal.

El artículo llama a denunciar esta situación injusta y a exigir políticas responsables. No se pueden implantar soluciones al problema del acceso a la vivienda cargando los costes sobre los particulares. Las administraciones deben asumir su parte: más vivienda social, más incentivos al alquiler, más programas de rehabilitación y menos permisividad con mafias organizadas que lucran a costa de la vulnerabilidad.

En definitiva, la okupación ilegal no resuelve el problema social de la vivienda: lo agrava, creando un mundo al revés donde las víctimas son los pequeños propietarios y sus comunidades. Es hora de reclamar reformas justas, de proteger a quienes cumplen las normas y de garantizar que los esfuerzos por atender a los vulnerables no destruyan los derechos de quienes, con esfuerzo, han construido su patrimonio.